Exigen se investigue violento desalojo
Piden la intervención de la CNDH.
AVC NOTICIAS
Orizaba
A un mes del violento desalojo de que fueron objeto pobladores de la localidad Loma Grande, Mariano Escobedo, por parte de oficiales de la Policía Municipal de Orizaba y de la Policía Estatal, quienes exigían la liberación del Juez Auxiliar Heriberto "N", solicitan al Senado de la República que determinen un punto de acuerdo presentado por el Senador Emilio Álvarez de Icaza, con el propósito de que se investiguen los hechos y se haga la reparación de los daños.
Los pobladores acompañados por su abogado Marco Antonio Méndez de la Cruz, así como el exalcalde de Mariano Escobedo Ramírez Muñoz y el Comandante de la Policía Comunitaria, Marco Antonio Vázquez Paz, señalaron que aunque ya se presentó la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) tal pareciera que está detenida y ahora se busca atraer la atención directa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que instruya a la Fiscal General del Estado y se le dé el curso correcto a la investigación, ya que el día del violento desalojo hubo 42 personas detenidas y brutalmente golpeadas; 41 vehículos destrozados y cuatro menores de edad detenidos por más de siete horas.
Medel de la Cruz expuso que derivado del desalojo, el señor Gelasio de la Comunidad de Chicahuaxtla, ya perdió el ojo y existen un video en que se muestra como lo golpean y lo dejan tirado aun cuando pedía ayuda, no conforme con ello, no le brindaron la atención médica estando detenido.
"Queremos que se investiguen a los elementos de la Policía Municipal que participaron como: Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco y a la Policía Estatal principalmente; existen videos en las redes sociales donde fueron flagrantemente golpeados, ultrajados, los automóviles destrozados, las personas en los mismos videos se aprecia cómo no llevaban ningún tipo de arma, no representaba ningún tipo de peligro para las autoridades de seguridad pública. Los elementos consideramos se brincaron todo protocolo de actuación haciendo uso excesivo de la fuerza pública", dijo.
Detalló que luego de la detención de estas personas, se incurrieron en otras faltas cómo fue la presunta coacción de parte de autoridades estatales para negociar la liberación de las personas provenientes de la comunidad de Loma Grande.
"Una comitiva supuestamente representando a Gobierno del Estado encabezada por el de Política Regional y se nos obligó yo estuve presente a firmar un acuerdo en donde se
desistían de poder ejercer por la vía correspondiente la reparación del daño, la denuncia correspondiente por el abuso de autoridad a cambio de su libertad de los 42 detenidos".
El representante de los campesinos de Loma Grande subrayó que la forma de probar que existió tal situación, es por la ausencia de un acuerdo de retención y de libertad, ni de puesta a disposición, y además no hay multa administrativa.
"Ahora los habitantes que fueron detenidos tienen miedo de ratificar su denuncia ante la posibilidad de que tomen represalias y los detengan nuevamente. Por eso queremos hacer especial referencia y énfasis en el hecho de que no se ha presentado una denuncia en las instalaciones de la fiscalía precisamente por el temor que se tiene toda vez que, fue el mismo lugar en donde fueron reprimidos, golpeados y destrozados en su patrimonio y sus bienes, las personas que hoy representamos", dijo.
