Perla Sandoval/AVC
Xalapa
Tras más de 14 días de la toma del Palacio Municipal de Jamapa, el síndico Julio César Sosa Villalbazo y sus allegados no lo han liberado a pesar de que la alcaldesa Florisel Ríos Delfín ya aceptó la reinstalación de tres trabajadoras del DIF, cuyo despido provocó la toma de las instalaciones.
Al acudir a Palacio de Gobierno, la alcaldesa dijo que el síndico “en su berrinche” ahora le exige el despido de personal del Ayuntamiento, como en el caso de la tesorera, el secretario del Ayuntamiento y hasta el titular de la Contraloría, incluido la renuncia de su esposo como director del DIF.
“Lo que me piden ahora es que despida a cinco personas y no puedo acceder a caprichos, son cosas que el síndico quiere desde hace tiempo, quiere que corra a la tesorera, al secretario del Ayuntamiento, al titular de Contraloría y al director de Obras Públicas, y yo no le puedo dar todo lo que me está pidiendo”.
La alcaldesa no quiso pronunciarse sobre una posible desaparición de poderes en su municipio, ante la ingobernabilidad que actualmente prevalece en este sitio, ya que dijo el síndico les paga 500 pesos a los manifestantes por mantener tomado el Palacio.
“No puedo permitir que el síndico me haga una toma cuando tenga un berrinche, ya es la segunda vez que ocurre y creo que hay ingobernabilidad de parte del síndico”.
Por ello, pidió la intervención del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para destrabar este conflicto que ha generado daños a la población que no puede realizar pagos de predial y servicio de agua potable.
“El viernes llegamos a acuerdos; a mí ni me convenía porque era la reinstalación de las personas que había pedido pero con tal de acabar con esta problemática llegamos a la reinstalación, pagarles lo que me piden, ya habíamos llegado a un acuerdo, pero le hicieron una llamada al síndico y les dijo que era una mentira”.
La alcaldesa indicó que además se ha intentado realizar tres sesiones de Cabildo pero los manifestantes se han negado a permitir el acceso, por lo cual ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y solicitó iniciar juicio de procedencia contra el funcionario.
“Vengo a hablar con el secretario de Gobierno para que me ayude en esa cuestión, sería una ingobernabilidad si cediera a todo lo que me están pidiendo”.
Por el momento, los funcionarios municipales trabajan y despachan en la Casa de la Cultura, pero hay actividades que no pueden realizar por la toma del Palacio Municipal.
Incluso, acusó que el diputado local Magdaleno Rosales Torres ha acudido a este municipio “a atacarla” diciendo que la obligará a trabajar, y al preguntarle si ha sido amenazada, prefirió no responder.
