Exigen la destitución del delegado de Patrimonio del Estado, Bernardo Martínez.
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CÓRDOBA
Más de un centenar de habitantes agremiados a la Organización Tierra y Libertad, y El Guayabal, bloquearon por espacio de dos horas el bulevar Tratados de Córdoba, justo antes de llegar a la autopista Córdoba-Puebla, exigiendo la destitución del delegado de Patrimonio del Estado, Bernardo Martínez.
Los protestantes acusaron supuestos abusos por parte del funcionario, situación que frena la regularización de la tenencia de la tierra de la reserva Agustín Millán.
Liderados por Vicente Martínez y Jacinto Alfaro, los colonos llevaron su manifestación hasta el bulevar Tratados de Córdoba como medida de presión para que las autoridades de Patrimonio del Estado hagan algo al respecto.
“Es una marcha pacífica, estamos exigiendo la destitución del delegado de Patrimonio del Estado, Bernardo Martínez, y del titular a nivel estado, Belisario Reyes Herrera, quienes están obstruyendo la regularización de nuestras tierras ejidales”, afirmaron.
Es de señalar que los habitantes desde hace ya varios días han protagonizado manifestaciones y movilizaciones por la regularización de sus predios, la falta de servicios y apoyo de las autoridades para destrabar este conflicto que tienen desde hace siete años.
Luego de bloquear por espacio de dos horas la carretera de incorporación del bulevar Tratados de Córdoba con la autopista Córdoba-Puebla, se trasladaron a las oficinas de Patrimonio del Estado para continuar con su manifestación.
Y ahí aseguraron que de no tener respuestas por parte de las autoridades locales y estatales, mantendrán estas y otras acciones en la oficina de Patrimonio del Estado.
“Continuaremos buscando el apoyo y la atención del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y otras autoridades competentes, hasta que tengamos una respuesta favorable”.
Incluso recordaron que la expropiación fue realizada en la administración del Gobernador Dante Delgado Rannauro, quien en su momento acordó con los 17 ejidatarios la compra de tres hectáreas, quienes ahora requieren de espacios para vivienda en base a la Ley Agraria, que eran destinados para desarrollo de vivienda y uso municipal.
