Andrés Salomón Pérez
Veracruz, Ver.- Luego de que la empresa Tamsa no reinstaló a los obreros que fueron avalados mediante un dictado emitido por un magistrado para regresar a sus trabajos, ésta deberá pagar una multa, informó el líder de los disidentes del sindicato, Enrique Ruiz Saavedra.
Explicó que desde la semana pasada los magistrados resolvieron que cuatro extrabajadores de la empresa Tamsa debían ser reinstalados.
“Desde el 8 de abril de 2015 la Junta Especial número 45 nos dio fecha para que por lo menos cuatro trabajadores que habían sido dados de baja por los conflictos internos del sindicato, regresen a sus trabajos, luego de que los magistrados resolvieron que debían ser reinstalados”.
El entrevistado detalló que luego de esa primera fecha que dieron, la empresa no los reinstaló, por lo que Tamsa deberá pagar una multa millonaria por desacato a la autoridad laboral correspondiente.
“Nosotros somos trabajadores con derechos y deben de reinstalarlos en las áreas que le corresponde, gracias a los juicios que se han ganado para poder recuperar nuestros trabajos dentro de la empresa”.
Ruiz Saavedra explicó que si la compañía no acata esa orden federal, gente de la empresa puede ir a la cárcel por desobedecer, por ello seguirán insistiendo en recuperar su fuente de empleo.
“Nuestros compañeros volverán a intentar ingresar y en caso de no dejarlos, podrían incluso arrestar a las personas que estén involucradas en esta situación”.
El líder disidente del Sindicato de Tamsa, explicó que además de los cuatro que lograron ganar el juicio de reinstalación, se está peleando porque otros 75 trabajadores recuperen su fuente laboral.
“Queda pendiente la reinstalación de 75 compañeros, quienes fueron dados de baja en su momento por la empresa, por los conflictos con el sindicato”.
Finalmente, dijo que para la reinstalación de esos cuatro trabajadores que ganaron el juicio, fueron acompañados por la Policía Naval, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un actuario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
