20 de Septiembre de 2024
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Afinan amparos por agua  

Jorge Morales

Xalapa

 

El abogado Francisco Carmona Ontiveros informó que el próximo martes se tramitarían los primeros amparos contra la integración público privada del Sistema del Agua y Saneamiento (SAS) de Veracruz-Boca del Río-Medellín.

 

Informó que hasta el momento el Centro de Estudios Ambientales del Partido del Trabajo ha reunido más de doscientos casos de personas inconformes con tal medida que, según su versión, pudiera incrementar costos y limitar el acceso a este servicio vital.

 

“Se siguen acercando a nosotros personas interesadas en sumarse a este amparo colectivo. Hoy viernes recibiremos nuevos casos y podrían ser más de 200 personas. Tenemos previsto que sea el martes cuando se interpongan los amparos en los juzgados de Boca del Río”.

 

El litigante añadió que las personas interesadas en la medida deben acreditar por lo menos ser residentes de la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín, pues ni siquiera es necesario que tengan que ser usuarios del agua a través del SAS. 

 

“Pueden ser hasta potenciales usuarios del agua, tener ese derecho garantizado por la Constitución Política de México”.

 

De acuerdo con Carmona Ontiveros el esquema público privado autorizado por los cabildos y el Congreso para prestar el servicio de agua potable en la zona viola derechos humanos, pues el servicio y las tarifas, especialmente, estarían determinados por el interés empresarial y no por el interés social.

 

Asimismo, previó que esto implique un incremento del costo del agua como ha ocurrido en otras ciudades del país en donde ha procedido el esquema mixto.

 

Recordó que el artículo cuarto constitucional establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, por lo que establecer un esquema con participación privado, restringiría el acceso a este derecho, ya sea por tener altas tarifas o porque interese a empresas invertir en el abasto y suministro de diversos sectores de la población.

 

 

“Esto no puede permitirse, es un derecho humano fundamental y el agua debe ser asequible al público”, sostuvo.


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