Jorge Morales
Ante la próxima constitución de una empresa público-privada que opere el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de Veracruz-Boca del Río, debido a la crisis financiera que enfrenta el organismo, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) del Partido del Trabajo (PT) anunció la tramitación de amparos de ciudadanos inconformes con tal medida.
En rueda de prensa, el presidente del CEA, Armando Aguirre Hérviz y el abogado Francisco Carmona, informaron de personas interesadas en combatir por esta vía la autorización de cabildos y del Congreso del Estado para la constitución de la nueva figura, al considerar que se violan disposiciones del artículo 4º constitucional sobre el derecho humano al agua.
Aguirre Hérviz aseguró que la medida tendrá varios impactos, entre estos, implicará un incremento exorbitante a futuro de las tarifas de agua potable, pues “en donde ha habido privatización, ya sea en Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Saltillo, se incrementa un 700 por ciento el costo y se reduce la calidad del agua”.
Además, previó que haya más cortes al suministro del agua a quienes no paguen, con lo que se pondrá por encima “los principios del interés económico y de los mercados, pues primero está la ganancia de las compañías y luego los intereses de los ciudadanos”.
