Sin que variara el sentido del mismo con relación al monto del daño patrimonial que ya se había dado a conocer y que es de 409 millones de pesos, de los cuales más de 44 millones corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secom) ahora nombrada Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
Asimismo, el número de dependencias y entidades, así como de ayuntamientos, que resultaron con presunto daño patrimonial siguen siendo los mismos; es decir, siete en el caso de las primeras y 38 en el caso de los segundos, de los cuales destacan Xico que tiene 24 millones 974 mil 294.54; y Fortín, con 41 millones 738 mil 167.89.
El diputado panista Julen Rementería, al fijar el posicionamiento de su partido respecto al dictamen en cuestión, presentado por la Comisión de Vigilancia, dejó en claro que el documento no estaba firmado por los legisladores panistas que forman parte de dicha Comisión y pidió que así se asentara en el acta.
Señaló que a la Fiscalización se le dio una “interpretación juarista: de a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos la ley a secas”.
Reiteró que su grupo legislativo hizo un análisis minucioso de la Cuenta Pública y presentó más de 200 observaciones que señalaban irregularidades y posible daño patrimonial, respecto a las cuales el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no les dio respuesta, por lo cual votarían en contra del dictamen. Entre las irregularidades que detectaron, dijo, hay adquisiciones vía adjudicación directa que por su monto correspondía a licitación o por lo menos a tres personas.
También, agregó, se dejó de aplicar penas o sanciones a contratistas incumplidos, se detectaron procesos licitatorios efectuados de manera irregular, pagos de volúmenes de obra inexistentes y se omitió aplicar sanciones y retenciones por atraso e incumplimiento de los contratos; algunos entes pagaron de más a contratistas con cargo al erario público y pese a ello el Orfis dice que no es posible presumir daño patrimonial, dejando a un lado posibles actos de corrupción.
Fidel Robles, Guadarrama, por su parte, manifestó que a la Secretaría de Comunicaciones (Secom), ahora Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), en 2012 se le autorizó cuatro mil 949 millones y sólo fueron liberados 948 millones, menos de la quinta parte. “Y tiene que haber una relación forzosa entre las observaciones y el daño patrimonial de esta dependencia y la liberación del recurso”.
Criticó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) tenga 170 millones de pesos de presupuesto, y la oficina del Gobernador se lleve 230 millones. “Una oficina de Gobierno tiene más recursos que todo el campesinado veracruzano”, destacó.
Respecto al dictamen, de esos entes fiscalizables que registran presunto daño patrimonial, destaca la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, antes Secretaría de Comunicaciones, que resultó con presunto daño patrimonial por 44 millones 606 mil 779.28 pesos.
También están el Instituto de Espacios Educativos del estado de Veracruz, que tiene 34 observaciones por dos millones 665 mil 125.60; Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Tamapache, observaciones por casi medio millón de pesos; Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, por 268 mil 46.99 pesos; Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, por un millón 224 mil 146.18 pesos; Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, 143 mil 601.85 pesos; Oficinas Operadora de Ciudad Mendoza, 104 mil 812.24 pesos, lo que da un total de 49 millones 452 mil 942.92 pesos.
Los Fideicomisos con presunto daño patrimonial son: Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago del Túnel Sumergido, por siete millones 431 mil 81.93 pesos; y Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, administración y Fuente de Pago para la operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente Coatzacoalcos 1, por 225 millones 717 mil 543.04. Esto da un total de 233 millones 148 mil 624.97 pesos.
En 38 ayuntamientos además de inconsistencias administrativas se detectaron irregularidades en la gestión financiera y, consecuentemente, presunto daño patrimonial, por 125 millones 607 mil 215.58 pesos, lo que actualiza las hipótesis de responsabilidad de carácter resarcitorio para los servidores o exservidores públicos obligados, además de la correlativa responsabilidad administrativa de carácter disciplinario.
En el dictamen también se destaca que de cinco fideicomisos no se detectaron irregularidades que hagan presumir daño patrimonial, los cuales son: Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales; Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica del IPE: Sistema del SAR para los Trabajadores del IPE; Fondo Global de la Reserva del IPE; y del Fondo de la Reserva Técnica Específica del IPE.
En 20 dependencias y entidades y 21 fideicomisos no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a recomendaciones de tipo financiero y de los órdenes estatal y federal, las cuales son:
Las Secretarías de Seguridad Pública (SSSP), de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Trabajo y Previsión Social (STPS), de Salud (SS), de Turismo y Cultura (Sectur); Contraloría General, Procuraduría General de Justicia, Coordinación General de Comunicación Social, Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV), Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), e Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Las 64 dependencias y entidades, y cuatro fideicomisos en los que no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, las cuales deberán ser atendidas por el Órgano de Control Interno que procederá a determinar las medidas correctivas y preventivas que permitan evitar su recurrencia, son las siguientes:
Secretaría de Gobierno (Segob), Secretaría de Educación (SEV), Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) y Desarrollo Social (Sedesol), la que más observaciones y recomendaciones tiene: 13 de tipo financiero en lo estatal y cuatro recomendaciones; siete observaciones financieras de orden federal, 38 observaciones técnicas de orden estatal y nueve recomendaciones de esta índole, así como 33 observaciones de tipo técnico de orden federal.
También están las Secretarías del Medio Ambiente (Sedema), Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), de Protección Civil (PC), Oficina del Programa de Gobierno, Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal, Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y Radiotelevisión de Veracruz.
Por lo que hace al Poder Judicial no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio, pero sí inconsistencias de tipo administrativo.
De igual forma, en 174 ayuntamientos no se detectaron irregularidades por presunto daño patrimonial; no obstante, se registraron inconsistencias de carácter administrativo.
Las 13 entidades paramunicipales en las que no se detectaron irregularidades por presunto daño patrimonial, pero sí se inconsistencias de carácter administrativo, son los organismos operadores de agua de igual número de municipios, entre éstos el Sistema de Agua y Saneamientos Metropolitano (SAS) deVeracruz, Boca del Río y Medellín, y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa.
En la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Alvarado, se detectó daño patrimonial por más de un millón de pesos.
En la Universidad Veracruzana (UV) se detectaron inconsistencias de carácter administrativo.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), y en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), no se detectaron irregularidades ni inconsistencias que hagan presumir la existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio o responsabilidad administrativa de carácter disciplinario, pero sí inconsistencias que dieron origen a las recomendaciones que deberán ser atendidas.
En el Congreso del Estado y en el Órgano de Fiscalización Superior no se detectaron irregularidades o inconsistencias que afecten el patrimonio público.
Respecto a las dependencias, entidades y a los 38 municipios que resultaron con daño patrimonial, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a que inicie la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones previstas en la Ley de Fiscalización del Estado de Veracruz, en contra de los servidores o exservidores públicos cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2012 y que, presumiblemente, afectaron la hacienda pública estatal, así como a promover las demás acciones que correspondan.
