25 de Noviembre de 2024
Director Editorial Lic. Rafael Melendez | Director General - Dr. Rubén Pabello Rojas

Más de 500 investigaciones contra funcionarios: PGJ

 

 

Andrés Salomón Pérez/Veracruz, Ver.- 

 

Hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia tiene el registro de más de 500 procedimientos administrativos en contra de funcionario públicos que han incurrido en alguna irregularidad, aseguró el titular de la dependencia, Luis Ángel Bravo Contreras.

 

 

"Son 514 procedimientos administrativos que a consecuencia de irregularidades en el comportamiento de los funcionarios he iniciado, de los cuales 20 expedientes se encuentran en juzgados penales en contra de funcionarios ministeriales”.

 

En ese sentido, dijo que el subprocurador de Supervisión y Control es detectar a parte de la infracción administrativa, si existe algún delito que perseguir en agravio del servicio público.

 

“Una vez que concluye el procedimiento de investigación administrativa y existen elementos de algún presunto delito, se da el aviso a la Fiscalía Especial de Servidores Público y se comienza una investigación penal”.

 

Bravo Contreras explicó que se han consignado por lo menos unos 20 expedientes se han consignado y se encuentran en un juzgado, donde se solicitó las ordenes de aprehensión correspondientes en contra de esos funcionarios.

 

“Nosotros no hemos corrido a nadie, algunos ha renunciado por cuestiones que tienen que ver por investigaciones que tienen en su contra, de esos podemos hablar que han sido alrededor de 233 que han salido de la institución”.

 

El Procurador reconoció que hay investigaciones en contra de funcionarios por presunta tortura, nadie está encima de la ley y se investigarán todos los delitos que sean denunciados ante el ministerio público.

 

"Sí hay denuncias en contra de funcionarios de la Procuraduría acusados presuntamente por tortura, pero no tengo el número pero sí hay bastantes investigaciones en donde las personas denuncian".

Finalmente, dijo que en muchas ocasiones los abogados utilizan como defensa la tortura, donde argumentan que sus clientes los obligaron a declarar a base de golpes, pero se investiga conforme a la ley.


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