IRIS ROMÁN
TUXPAN
Socios activos de la cooperativa pesquera Puerto de Tuxpan realizaron una manifestación pacífica este miércoles para expresar su inconformidad ante una orden emitida por una jueza federal, la cual les exige entregar las instalaciones físicas y materiales de la organización a un grupo de 21 exsocios, decisión que los manifestantes consideran arbitraria y perjudicial.
Jesús Jonguitud Valenzuela, quien ha encabezado la cooperativa desde hace años, denunció que dicha resolución deja en estado de indefensión a 45 socios activos, afectando directamente su derecho al trabajo y sustento familiar. “Nos están desterrando de nuestra fuente de empleo. Esta propiedad les pertenece a todos los socios activos y no vamos a entregar algo que ya no les pertenece a quienes fueron excluidos legítimamente”, afirmó.
El líder cooperativista aseguró que los 21 socios que buscan ser reinstalados fueron previamente convocados a diversas asambleas en las que pudieron exponer sus casos, pero al no acudir ni rendir cuentas, fueron excluidos por decisión de la asamblea general, órgano máximo dentro de la estructura cooperativa.
“Las cooperativas se rigen por sus estatutos y por la voluntad de su asamblea. No puede una autoridad externa imponer una administración. Eso va contra nuestra autonomía”, subrayó Jonguitud Valenzuela.
Durante la manifestación, los socios exigieron la intervención de autoridades estatales y federales, incluyendo a la gobernadora Rocío Nahle García y a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que se investigue el caso y se garantice el respeto a sus derechos como organización legalmente constituida.
Aseguraron que continuarán manifestándose de forma pacífica hasta que sus demandas sean escuchadas y se les permita continuar operando conforme a sus estatutos internos.
“La juez fue engañada con información falsa. Nosotros siempre hemos actuado conforme a la ley y lo podemos demostrar con documentos y actas. Solo pedimos justicia”, concluyó Jonguitud.
