Reporta informe de FGR sobre rancho Izaguirre.
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
Este 19 de marzo, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), habló sobre el caso Teuchitlán y señaló a la Fiscalía de Jalisco de ser omisa en sus investigaciones.
Tras las evidencias presentadas por el fiscal en conferencia de prensa, periodistas, derechos humanos y hasta el exgobernador de Jalisco se pronunciaron al respecto.
Ceci Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora calificó la información como un "logro social".
Señaló que a pesar de que el Gobierno minimiza lo sucedido en el Rancho Izaguirre no niega la realidad "porque ya es imposible ocultar el dolor de todo un país", escribió.
Agregó que, si fuera el exvocero de la Fiscalía, Ulises Lara, "nos hubiera tratado de convencer que los perros usan zapatos", sentenció.
Por otra parte, Eunice Rendón, columnista de EL UNIVERSAL, señaló que lo alarmante de las omisiones por parte de las autoridades locales es que el Rancho Izaguirre "no es el único lugar de México donde han sucedido este tipo de crímenes".
Afirmó que cientos de miles de vidas son apagadas y la impunidad sigue.
Por su parte, el Centro Prodh señaló que lo presentado hoy por el fiscal Gertz Manero, evidencia que la reforma necesaria es "en justicia en las fiscalías, claramente rebasadas e incapaces", dijo.
Acusó al análisis de la FGR "es pobre, sin análisis de contexto ni uso intensivo de tecnología soslayando que la federalidad es clara al subyacer evidentemente delincuencia organizada".
Por otro lado, el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, criticó que Gertz Manero, pretenda "echarle la bolita" del caso Teuchitlán a las autoridades estatales, ya que dijo, se trata de delitos federales en los que el gobierno de la República fue omiso. "Hoy les está haciendo crisis la política de abrazos y no balazos", puntualizó.
En entrevista, el senador panista sostuvo que si bien el exgobernador Enrique Alfaro debe responder por su responsabilidad en el tema de las desapariciones, el gobierno federal no se puede lavar las manos.
"No coincido con lo que él (Gertz Manero) está señalando. Yo creo que está aventándole toda la bronca al gobierno de Jalisco. Y aunque por supuesto que tiene que dar una respuesta el gobierno del estado, no solamente el actual gobernador, sino el gobernador anterior, pero es un tema de delito federal, armas de uso especial del Ejército.
"Hubo persecución de la Guardia Nacional contra los delincuentes, como lo han manifestado muchas gentes. Así que yo creo que el aventarle la bolita al gobierno de Jalisco es simplemente quererse limpiar de lo que ellos también son responsables, el gobierno de la República", expresó.
Ramírez Acuña aseguró que al gobierno de Morena lo alcanzó la realidad. "Yo creo que hoy está haciendo ya crisis los abrazos y no balazos. Yo creo que esto demuestra siete años de una incapacidad del gobierno federal, del gobierno de Morena, de perseguir a los delincuentes del país. Y hoy que les está haciendo crisis a lo largo y a lo ancho del país, pues hoy tratan de querer minimizar para ellos y echarles la culpa a los gobiernos de los estados".
El exmandatario jalisciense insistió en que el exgobernador Enrique Alfaro debe asumir sus responsabilidades.
"Tenemos evidentemente datos de cómo el gobernador Alfaro negaba que hubiera desapariciones, a pesar de que había muchas pruebas. Tenía mucho tiempo ya que se estaba observando que la central camionera de la zona metropolitana de Guadalajara se utilizaba de centro de reunión y luego se los llevaban.
"Pero también, ¿dónde estaban las policías cibernéticas, tanto federales como estatales? ¿Por qué no actuaron con oportunidad? ¿Por qué no hicieron los seguimientos? ¿Y por qué de una forma u otra se dejaba que se persiguieran presuntos delincuentes?", cuestionó.
La senadora de Movimiento Ciudadano (MC) Alejandra Barrales aseguró que su partido no solapará a nadie que tenga responsabilidad en el caso Teuchitlán, incluido el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
"Lo que hemos señalado es que en Movimiento Ciudadano no vamos a solapar absolutamente a nadie. (…) Nuestra definición es la verdad, que se sepa toda la verdad, que se finquen responsabilidades donde se tenga que hacer. Por desgracia es un tema que está evidenciando la omisión, la inacción de los gobiernos en los tres órdenes: local, estatal, federal, lo cual es muy lamentable", señaló.
Por el lado naranja, Alejandra Barrales remarcó que Movimiento Ciudadano apoya las investigaciones en cualquier sentido, ya que "nos parece que nada puede llevar dedicatoria ni para perseguir o juzgar de manera anticipada ni tampoco para ser omisos o tratar de encubrir la actuación de ningún funcionario, en el sentido, en el nivel, en el partido que sea".
Durante la sesión del pleno del Senado, la bancada del PRI colocó en su escaños cartelones con las leyendas:
"Teuchitlán herida abierta", "No son bots, son familias de desaparecidos", "125 mil desaparecidos en la 4T".
Fiscal de Jalisco anuncia entrega de expediente de Rancho Izaguirre
La tarde de este miércoles, 19 de marzo, el Fiscal de Jalisco, Salvador González informó que este mismo día se entregarán las carpetas de investigación sobre el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, luego de la Fiscalía General de la República (FGR) presenta este miércoles un avance de la información.
Por medio de un video mensaje difundido en redes sociales, el fiscal Salvador González dijo que en coordinación con el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se llegó a dicho acuerdo para apoyar en las investigaciones del Rancho Izaguirre, donde el pasado 5 marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores encontró 3 crematorios clandestinos operados por el crimen organizado.
"Hoy mismo estaremos entregando todo oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación", declara Salvador González.
Caso Teuchitlán; ¿qué es extinción de dominio?
La semana pasada se dio a conocer el hallazgo de tres campos de exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, los cuales presuntamente eran utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para llevar a cabo prácticas ilegales de adiestramiento, confinamiento y eliminación de cuerpos. Este descubrimiento generó una gran cantidad de preguntas entre la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a las acciones que las autoridades tomarían con respecto a este predio.
Ante ello, la Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de sus redes sociales, informó que se había realizado una inspección exhaustiva en el rancho y que se implementaría el procedimiento de extinción de dominio sobre el lugar.
En un video difundido en la cuenta oficial de X (anteriormente conocida como Twitter) de la fiscalía, el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, mencionó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó que se iniciara este proceso para asegurar que el rancho Izaguirre no fuera utilizado nuevamente para actividades delictivas.
La extinción de dominio es un proceso jurídico que ha cobrado relevancia en los últimos años en el contexto de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Esta figura legal fue incorporada en la Ley Nacional de Extinción de Dominio en agosto de 2019 con el objetivo de permitir a las autoridades recuperar bienes utilizados para fines ilegales y evitar que los mismos continúen siendo aprovechados por los delincuentes.
De acuerdo con el artículo 3 de la norma, esta acción implica la pérdida de derechos sobre ciertos bienes, sin que el propietario o cualquier persona que se haga pasar por tal reciba compensación alguna.
"La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados Bienes", se lee.
Puede aplicarse a bienes que provengan de actividades ilícitas o cuyo origen no pueda ser acreditado de manera legítima. También puede ser utilizada en aquellos casos donde los bienes en cuestión hayan sido empleados para la comisión de delitos.
