EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
Al resolver una contradicción de criterios entre diversos Tribunales Colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades administrativas locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho al aborto.
Tribunales Colegiados sostuvieron en su momento que, derivado del derecho al aborto, así como de lo resuelto por la Corte en una acción de inconstitucionalidad, existía una obligación de las autoridades locales de garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.
Sin embargo, otro Tribunal Colegiado resolvió que no podía sostenerse esa obligación, porque no existía un mandato específico para las autoridades en la Constitución o en las leyes.
Por lo que, al resolver la contradicción, el pleno de la Corte destacó que para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer su derecho a interrumpir de manera voluntaria su embarazo, resulta indispensable que existan servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad que les permitan hacerlo.
El ministro Javier Laynez Potisek afirmó que no basta con garantizar la libertad de decisión, sino que es fundamental contar con infraestructura médica adecuada, segura, accesible y de calidad.
"El derecho a la salud es indispensable para decidir sobre la vida reproductiva y debe protegerse sin discriminación, asegurando acceso a los servicios para los sectores más vulnerables. Las mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener acceso universal a servicios amplios de salud sexual y reproductiva", indicó.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que, en 2023, según datos del INEGI, México registró un total de 584 defunciones por muerte materna, 58 estuvieron relacionadas con la interrupción del embarazo, y en 2024 la Secretaría de Salud informó que el aborto representó la tercera causa de muerte materna con 47 defunciones de un total de 534.
"El derecho a decidir sobre la salud y libre reproducción requiere de una infraestructura pública adecuada que garantice un entorno confidencial y proporcione información clara, objetiva y científica sobre las implicaciones del embarazo y su interrupción; además de un acompañamiento informado, libre de imposiciones y dilaciones", refirió.
En tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán comentó que el "Estado debe acompañar a la mujer durante la época en que ésta decide si continúa o no con su embarazo, por lo que debe proporcionarle la información suficiente y objetiva para asegurar que tiene conciencia, tanto del proceso de gestación en sí mismo, como del procedimiento clínico de interrupción del embarazo, así como de sus repercusiones física y psicológicas".
