El colectivo “Por Ella, Por Todas” exige que el Fiscal de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, sea destituido por criminalizar a una niña de 14 años tras sufrir violación y aborto involuntario, en violación de derechos reproductivos. Demandaron protección para la menor y acciones contra el agresor.
AGENCIAS
QUERÉTARO
Integrantes del movimiento feminista nacional “Por Ella, Por Todas” expresaron su enérgico repudio ante la actuación del Fiscal del Estado de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, quien solicitó encarcelar a una menor de 14 años tras sufrir violación y un aborto espontáneo. En respuesta, el colectivo exigió su destitución o, en su defecto, un juicio político, señalando que el funcionario ignoró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual prohíbe criminalizar a mujeres y niñas por ejercer derechos reproductivos.
El caso generó indignación en grupos de defensa de derechos humanos y feministas, pues en su denuncia señalan que el Fiscal Hernández busca imponer tres años de prisión a la adolescente en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes. Además, el funcionario solicitó una compensación de 518 mil pesos para el hombre que fue identificado como el presunto padre del producto, una medida que, según el colectivo, minimiza la violencia sufrida y refuerza la impunidad del agresor.
La adolescente, identificada como Esmeralda para proteger su identidad, fue vinculada a proceso y actualmente se le ha impuesto arresto domiciliario. Durante la audiencia intermedia, el juez admitió testimonios sobre la conducta sexual previa de la joven, pese a que el Código Penal y la SCJN prohíben el uso de este tipo de pruebas en juicios de violencia de género y en casos que implican a menores de edad. Esta audiencia sugirió la apertura de un juicio oral en próximas semanas.
“Es inaceptable que se criminalice a una niña de 14 años, víctima de violación, mientras el agresor permanece en libertad”, declaró el movimiento “Por Ella, Por Todas”, resaltando que estos actos violan el interés superior de la niñez y vulneran derechos fundamentales como la autonomía y la seguridad personal.
El movimiento también expuso que la Fiscalía de Querétaro mantiene abiertas siete carpetas de investigación en las que se busca procesar a otras mujeres por ejercer derechos reproductivos. Para el colectivo feminista, estas acciones evidencian una tendencia conservadora y misógina en el gobierno local, que, según señalaron, “pretende invadir la esfera personal de decisiones de las mujeres y niñas”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de la Ciudad de México, fue reconocida por el movimiento debido a su firme postura contra la criminalización de Esmeralda, defendiendo el derecho de las mujeres, especialmente las niñas, a decidir sobre su sexualidad y reproducción, en línea con los principios de la SCJN.Finalmente, el colectivo solicitó al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, que garantice la seguridad de la menor afectada y tome medidas legales inmediatas para detener y encarcelar al agresor.
Senado aprobó un punto de acuerdo en el que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro reconsiderar la pena de tres años de prisión impuesta a Esmeralda, una adolescente de 14 años que sufrió un aborto espontáneo tras haber sido violada por un familiar. La solicitud de reconsideración surgió luego de que las senadoras de Morena Malú Micher y Margarita Valdez, presidentas de las comisiones de Igualdad de Género y de Gobernación, respectivamente, condenaran la actuación del fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, a quien acusaron de revictimizar a la menor.
Las legisladoras señalaron que la menor, en lugar de recibir apoyo y justicia, enfrenta un proceso judicial que la coloca en una situación de revictimización, pues además de enfrentar la prisión, se le solicita cubrir una indemnización de 518 mil pesos en favor de su agresor, quien reclama por la pérdida del producto. Micher calificó de “vergonzoso” que el fiscal actúe en contra de los intereses de la menor y sostuvo que Víctor Hernández “debería presentar su renuncia”, ya que su actuación “no sirve al estado de Querétaro ni al gobernador”.
En su intervención, Micher destacó que Esmeralda fue sometida a violencia sexual y que, en lugar de recibir protección, fue llevada de vuelta a casa, donde aún tenía contacto con el agresor, lo cual vulneraba su seguridad. “Es increíble que el agresor salga beneficiado y que la niña, en lugar de recibir justicia, se vea obligada a indemnizar al violador”, afirmó la senadora, calificando de inaceptable la solicitud de cárcel e indemnización. Margarita Valdez se sumó a la demanda de justicia, pidiendo una compensación que repare el daño ocasionado a la familia de la menor y a la propia niña.
Por su parte, Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN y exsecretaria general de Gobierno de Querétaro, pidió a la Fiscalía realizar una investigación imparcial y ajustada a las circunstancias de la menor, con énfasis en su derecho al “interés superior de la niñez y la adolescencia”. Además, señaló que Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, había expresado su inconformidad al fiscal por este proceso, reiterando la importancia de proteger a la menor.
En su defensa, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández solicitó una indemnización de 518 mil pesos a favor del agresor por “pérdida del producto”, lo que desató una ola de indignación y repudio en el Senado y entre colectivos feministas. Las críticas señalan que este planteamiento resulta una “revictimización” y contradice los principios básicos de protección y justicia para las víctimas de delitos sexuales, en especial cuando se trata de menores.
