Héctor Estrada
El pasado miércoles uno de los principales líderes de las mafias transportistas en Chiapas, Bersaín Miranda Borrás, salió a los medios de comunicación para desmentir al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, sobre el supuesto acuerdo de suspensión al incremento de las tarifas del transporte público que el Gobierno de Chiapas nunca logró concretar con la totalidad de los concesionarios.
El “pulpo concesionario” corroboró lo que muchos ya aseguraban de manera extraoficial: el gobierno de Velasco Coello sí había autorizado el aumento al costo del transporte público en diciembre pasado, pero decidió desconocer los acuerdos de último momento debido a la presión social complicada por el tema de los despidos masivos.
Por eso ni la Secretaría de Transportes ni la Secretaría General del Gobierno o el propio gobernador de Chiapas emitieron comunicados oficiales a su nombre para anunciar el acuerdo de cancelación al incremento el pasado lunes; porque el acuerdo simplemente no se había alcanzado y la reacción de inconformidad transportista era inminente.
Y es que, el reajuste tarifario al costo del pasaje es un asunto inevitable si observamos la situación con más temple y menos víscera. Los drásticos incrementos al precio los combustibles hacen razonable dicho incremento que innegablemente duele y lastima a una economía familiar tan golpeada por la crisis e inflación generada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Si bien los pulpos transportistas son un sector que debe someterse a ley de manera inmediata por la ilegal monopolización de las concesiones, la necesidad de incrementos a sus tarifas es un tema distinto que debe tratarse de manera consensada, pues las determinaciones unilaterales y el desconocimiento de acuerdos, como ya es costumbre de Velasco Coello, han demostrado que sólo generan más conflictos.
Actitudes improvisadas como las del pasado lunes, donde se dieron “anuncios informales” sin acuerdos concretos, dejan de manifiesto que el actual gobierno del estado ha perdido la capacidad de negociación para alcanzar acuerdos políticos efectivos. Manuel Velasco y sus operadores han perdido el control sobre muchos sectores organizados cuyo descontento se agudiza ante las malas decisiones de la cúpula gubernamental.
El gobierno de Chiapas debe sentarse nuevamente con los concesionarios del transporte público y abordar el tema de las tarifas. Pero no se trata sólo de concederles incrementos o subsidios sin compromisos de la otra parte. El posible reajuste debe conllevar también una mejora evidente a la calidad del servicio donde el usuario vea verdaderamente reflejado el costo adicional por lo pagado.
Si de verdad se trata de poner en cintura a “los pulpos” del transporte en Chiapas, la Secretaría de Transportes debería iniciar de inmediato una revisión de fondo a las concesiones y a la renta arbitraria que se hace de estas. Se necesita regular un sector transportista que durante años ha pasado por encima de los derechos de los usuarios sin que nadie haga nada al respecto. Y tal vez así, con un sector regulado y de mejor calidad, en un futuro los reajustes tarifarios no sean cuestión de tanto lío.
