Por Juan Carlos Castillejos Castillejos
El THC
Estas siglas, el THC, no piensen que se trata de un nuevo tratado o acuerdo económico que esté a punto de suscribir México para “elevar” nuestros niveles educativos, sociales, económicos y comerciales. En realidad se trata de las siglas del Tetrahidrocannabinol, que es el principal constituyente sicoactivo del cannabis, es decir, la mariguana; tema de moda por la autorización de la Suprema de Justicia de la Nación para que la consuman sólo cuatro ciudadanos que, según señalan ellos mismos, no la usan.
Una decisión aparentemente ilógica de los magistrados, para favorecer por alguna razón a estos cuatro distinguidos personajes que forman parte de la Sociedad Mexicana de Autocontrol Responsable y Tolerante (Smart) y también son dirigentes de la organización México Unido contra la Delincuencia. O sea, en los papeles, totalmente contradictorios.
Somos un país de incrédulos y seguramente la mayoría ha pensado que atrás de esta decisión histórica de la Corte, existe una serie de intereses nada claros para que después de esta aprobación, que en sí misma no la hace jurisprudencia, pero que inevitablemente provocará miles de amparos, y el acuerdo de los cuatro magistrados se convertirá en Ley de aplicación general.
Pero, ¿quiénes son estos cuatro ciudadanos “responsables” que abrieron una puerta a la que no sabemos hasta dónde nos va a conducir?:
Armando Santacruz González, vocal de México Unido contra la Violencia y director general de Pochteca, empresa controladora de acciones de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos químicos y farmacéuticos, entre otras.
Juan Francisco Torres Landa Rufo, secretario de México Unido contra la Violencia, abogado y socio del Buffet Barrera, Siqueiros y Torres Landa S.C., nieto del exgobernador de Guanajuato, Juan José Torres Landa; y sobrino del extinto empresario y político priista Ignacio Torres Landa García. Vinculado como abogado y acusado de tener información sobre sobornos de Walmart a funcionarios del DF para “facilitar” trámites y no actuar jurídicamente.
José Pablo Girault Ruíz, tesorero de México Unido contra la Delincuencia y es vocal propietario de la Fundación Dondé, que apoya programas educativos pero que opera casas de empeño.
Y Josefina Ricaño de Nava, presidenta y fundadora de México Unido contra la Violencia, quien desde el secuestro y asesinato de su hijo se convirtió en una auténtica luchadora contra la delincuencia.
De los cuatro aquí mencionados es a esta última que a simple vista se puede reconocer un verdadero esfuerzo, para que al autorizarse el uso de la mariguana se disminuye la violencia que pudiera provocar el consumo y su comercialización; el problema es que el gran negocio para los cárteles de las drogas no está fundamentada en la mariguana, sino en otro tipo de drogas que hacen mucho más daño a los consumidores y que provoca más violencia y muertes.
De los otros tres y el abogado que los representa para ganar este amparo, Andrés Aguinaco Gómez Mont, no nos queda muy claro el verdadero interés de esta lucha legal, para que millones de mexicanos puedan consumir mariguana e incluso sembrarla y comercializarla, como ya ha sido legalizada y aprobada en varios estados de nuestros vecinos del norte. Es decir, a pesar de que la mariguana se volvió famosa primero en México, la legalizaron los gringos antes que nosotros, y eso que según dicen los enterados, la mejor calidad de la planta se cosecha en tierras de nuestro país.
Lo ideal, antes de que la Corte hubiese aprobado el uso de la mariguana para estas cuatro personas, debió haber realizado un debate más profundo en todo el territorio nacional, para conocer incluso la opinión de amigos y familiares cercanos a consumidores de la droga, sobre todo porque hay evidencias comprobadas que el consumo de la mariguana durante el desarrollo del ser humano causan daños a mediano y largo plazo y posiblemente permanentes en el cerebro. Muchas veces la combinación del psicotrópico con otras drogas como el alcohol han tenido resultados desastrosos, pues además un consumo permanente afecta funciones ejecutivas del cerebro como aprender, memorizar y el autocontrol.
Pero no, la Corte traía tanta prisa por sacar el acuerdo, que después de que tenían una fecha establecida para votar el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, argumentaron que necesitaban tan sólo una semana más al “considerar que se trata de un tema trascendente para el país y que requiere de un estudio más amplio”; ni siquiera tomaron en cuenta la opinión de expertos en el tema y de la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia que reiteradamente solicitó a los ministros consultar a la Conadic y al Centro de Integración Juvenil, pero nunca encontró eco. El caso es que el consumo masivo de la mariguana, con grandes ganancias para las empresas que seguramente ya tienen listos sus mecanismos de cultivo, cosecha, producción y comercialización está a la vuelta de la esquina. Al Tiempo.
Nota de Fondo.- El ministro ponente del dictamen del uso de la mariguana, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es o fue socio de Fabián Aguinaco Alemán, padre de Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado que ganó el amparo a favor de los cuatro ciudadanos que podrán consumir mariguana, quien además es nieto del expresidente de la SCJN, Vicente Aguinaco y sobrino del exsecretario de gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont. Andrés Aguinaco también es representante legal de la organización Mexicanos Primero, que dirige Claudio X. González Jr.
