Rubén Pabello Rojas
Que México es un país de leyes, nadie lo ignora ni se pone en duda. La maquinaria legislativa, lenta y a modo trabaja tanto a nivel federal como en las entidades locales. Es incuestionable que, aunque con sus peculiares modalidades, los congresos elaboran las leyes que la evolución social demanda para su adecuación al llamado Estado de Derecho, imperativo para la vida en sociedad.
Hasta ahí todo muy bien. La fábrica de disposiciones legales que deben regir la vida pública marcha, a veces a tumbos y otras con severos señalamientos pero camina. Se hacen las leyes, se aprueban, promulgan, publican se ponen en vigor y… no se cumplen. Cuando menos en la suficiente idoneidad para justificar su bondad, para lo que fueron hechas.
Las cámaras legislativas atraen la atención, en sus respectivos ámbitos de aplicación, cuando en periodos de sesiones discuten y aprueban los documentos que habrán de regir la conducta ciudadana en los territorios a que pertenecen. Los legisladores miembros de diversos partidos debaten, en escenarios a veces un poco teatrales y sobreactuados, las iniciativas que después, ya aprobadas, devienen en norma jurídica de observancia obligatoria. Esa es la teoría.
La realidad cotidiana, la practica, es bien distinta. Se legislan leyes a la carta, de acuerdo a como los acontecimientos lo van pidiendo, como la agenda de problemas perentorios y coyunturales lo apremia. No se advierte una sistematización congruente de lo que se debe entender que conlleva un verdadero orden jurídico sustentado en el estudio a fondo de la problemática social de la nación.
Se legisla frente a la emergencia. Si aumenta el robo de gasolina en los ductos de Pemex, se hacen leyes especiales para sancionar la ordeña de hidrocarburos y combustibles, apresuradamente. Se envían iniciativas perentorias para frenar la corrupción; urgen disposiciones para obligar a la transparencia de la función pública, que al ser turbia requiere de una ley específica para medio paliar la grave distorsión de la mayoría de dependencias públicas. Leyes sobre pedido.
Y si Mexico es un país de leyes, ¿por qué esa necesidad tan apremiante de crear leyes a la carta? La contestación es obvia. El sistema jurídico formal no es suficiente teniendo que llegarse a particularizar hasta la más mínima conducta antisocial cuando ésta se produce, cayendo en casuismo innecesario.
Ello revela un sistema sustentado en un orden jurídico insuficiente. ¿Por qué? Simplemente porque el precepto legal rige, está en vigor, pero no se cumple. Verdad amarga e irrefutable. Se puede, con mucha pena, hablar de un sistema legal de aparador, irreprochable en su diseño, técnica jurídica y legislativa, sustancia y propósito, pero ineficiente en su correcta aplicación.
¿Qué sucede con el Poder Judicial Federal? Uno de la trilogía que integra el Poder Publico de un Estado Constitucional, como es Mexico. Poder que tiene a su alto encargo la custodia de la legalidad y la constitucionalidad de los actos jurídicos. ¿Y, qué con los Tribunales Supremos de los estados de la Unión?
Basta con un solo caso, que avergüenza, dentro de muchos otros, para respaldar el cuestionamiento anterior: En días pasados, en el estado de Michoacán, se produjo un incidente de alto grado de atención nacional. Dos grupos armados de la “sociedad civil”, engendro esta figura, consecuencia de la debilidad del poder público constituido, encabezados uno por Hipólito Mora y el otro por Luis Antonio Torres, “el americano”, se liaron a balazos en plena vía pública sin que ninguna autoridad regular, de ningún orden, interviniera ni sofocara tal perturbación a la paz pública.
Hubo 11 muertos. Al terminar recogieron sus armas, retiraron a sus muertos y heridos y levantaron el campo, como si se tratara de una estampa rediviva de la Revolución Mexicana, hace un siglo, exactamente. Ninguna autoridad se apareció.
Después, negociaciones con los jefes de ambos grupos armados, diálogo perverso, al que en esta columna algunas veces se ha aludido, motivó a los actores a entregarse a la autoridad judicial competente para ser debidamente sancionados por la ley, en vista de su grave conducta ilícita.
El colofón es de infinita vergüenza. Después de un juicio, donde se agotaron todas las instancias que la ley concede a los procesados, éstos fueron declarados inocentes y puestos en inmediata libertad, al igual que todos los detenidos que intervinieron en hechos tan sangrientos, en medio de la plaza pública.
Jueces y magistrados hicieron a un lado toda la técnica jurídica, desconociendo que la figura de legítima defensa o defensa propia que la ley otorga, en casos de miedo grave o temor fundado de perder la vida o sufrir un daño, el sujeto pasivo de la agresión puede argumentar ese beneficio que contempla la ley penal. Es incongruente que haya dos sujetos víctimas del mismo delito, por esto mismo la ley solo ampara a uno no a los dos, como en este bochornoso asunto judicial con olor a arreglo político, lo cual debilita aún más la potestad soberana de un Estado claudicante.
Si esto no se encuadra como una de las múltiples variables de la omnipresente corrupción que arrastra el país, no se sabe cómo calificarla. Con el agravante de que este caso alcanza, dentro de la podredumbre, al mismísimo Poder Judicial, por más que se le ensarten toda clase de justificaciones técnicas.
¿Más ejemplos?, decenas, cientos, casi miles sin exagerar. Entonces ¿qué sigue, qué aguarda? Habrá que esperar al tiempo, a la respuesta ineludible de la Historia.
