Se acaba el recurso para brindar seguridad a periodistas: CEAPP

Se acaba el recurso para brindar seguridad a periodistas: CEAPP

 

 

 

Para octubre, los fondos serán de 2.8 mdp, cuando para operar requiere 22 mdp mensuales.

ISABEL ORTEGA/AVC

XALAPA

La insuficiencia de fondos del mecanismo de protección federal pondría en riesgo a por lo menos una veintena de comunicadores y defensores de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, que cuentan con medidas de seguridad y vigilancia, por las condiciones de su trabajo y labor.

El mecanismo de protección, que implementó la Secretaría de Gobernación, se creó desde 2012, y fue hasta el 2014 cuando se empezó a gastar el dinero público en medidas de seguridad. En ese año se erogaron 20 millones de pesos, para el 2017 se gastaron 213 millones de pesos.

Brindar medidas de seguridad y protección a periodistas y defensores de derechos se incrementó en un 1000% en solo tres años, según datos que son públicos en su portal.

Recientemente Patricia Colchero, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y del Mecanismo, confirmó que se están agotando los Fondos para brindar apoyo de seguridad y vigilancia.

Se anunció que a partir de octubre se extinguiría el recurso. El fondo solo cuenta con 2.8 millones de pesos, cuando el gasto mensual promedio es de 22 millones de pesos; el bajo monto limitaría cubrir el pago de refugios, alimentación, botones de emergencia y/o escoltas.

LA CEAPP COORDINA ACCIONES PARA CUIDAR A SIETE REPORTEROS

La presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas del Estado (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, consideró que sería una irresponsabilidad desaparecer el programa federal que brinda medidas de seguridad a periodistas.

El financiamiento al fondo, con el que se pagan las acciones en defensa de los periodistas, no debe depender de la voluntad política de una persona.

“Se tiene que caminar a que la protección no esté sujeta a la voluntad del gobernante en turno y se pueda tener esta autonomía e independencia. Los gobiernos van y vienen, pero los periodistas no”, opinó.

Por lo anterior, consideró necesario que al mecanismo de protección se le dé autonomía, y cuente con una partida anual para poder brindar seguridad y protección a quien así lo requiere, por estar en riesgo por su labor periodística, “para no dejarlos al garete”.

Pérez Mendoza reconoció que el hecho de que el dinero se agotaba era información del conocimiento de las autoridades federales, por lo que se debían implementar acciones para destinar recurso suficiente, y así garantizar las medidas de resguardo.

Explicó que a la fecha la Comisión y el Mecanismo de Protección atienden de manera conjunta a siete veracruzanos, que cuentan con medidas de seguridad tanto del Estado como de la Federación.

“Sabemos de algunos casos, que por alguna razón ha sido coincidencia, pero me parece grave la irresponsabilidad que está cometiendo el Gobierno Federal de desatender a los compañeros”.

Recordó que muchos periodistas se incorporaron al mecanismo federal, pues no confiaban en el trabajo de la CEAPP y del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ante la sospecha que la policía estaba vinculada a delincuentes.

Si la Federación deja de brindar seguridad a los periodistas veracruzanos, la CEEAP se verá obligada a retomar las medidas de protección, lo que va a encarecer su operación, reconoció la presidenta de la CEAPP.

En este momento, detalló, se bajó el gasto de nómina y gran parte del presupuesto se ha destinado a medidas de protección, pero el incrementar la atención a periodistas pondría en “crisis” a la Comisión local.

MECANISMO SE CONVIRTIÓ EN ELEFANTE BLANCO

Un periodista veracruzano, de quien se omitirá su nombre por cuestiones de seguridad, reconoció que desde el primer trimestre del año 2017, el mecanismo empezó a tener serios problemas de dinero, lo que derivó en reducir las medidas de seguridad y los gastos para quienes cuidaba, “fue un curita para un tumor cancerígeno, que sirvió para quitarse la presión”.

Planteó que el programa federal se creó de manera “emergente” para “proteger” a comunicadores y defensores de los derechos humanos, por lo que no sé dimensionó el impacto y el número de personas que iban a requerir vigilancia.

En su caso, detalló, se incorporó al mecanismo de protección en agosto del 2016, cuando por lo menos 45 trabajadores de medios de comunicación y activistas recibían vigilancia y seguridad federal.

A la fecha el número es menor, no más de 20 personas están incorporados y desde hace cinco meses no sesiona el comité que evalúa los riesgos de los periodistas, lo que, incluso, permitiría agrupar a más personas.

“El mecanismo lo planearon al vapor, cuando a Peña Nieto le estalla el tema de los periodistas se destinó una partida presupuestal importante (...) y de repente éramos más o menos 20 comunicadores con medidas de seguridad, desde escoltas, cámara de vigilancia”.

A él se le asignaron escoltas por seis meses. Al inicio los elementos de seguridad privada vivían en un hotel y comían en restaurantes, “mejor que el reportero”.

En los últimos meses de su resguardo, se vieron obligados a rentar un “cuartucho” cerca de la casa del reportero, debían surtir su despensa en Chedraui y se turnaban para cocinar, “para economizar recursos”.

Por dos meses exigieron al Gobierno Federal que les dieran un chaleco y no recibieron respuesta, “a mí me mataron a un escolta, cuando me quitan las medidas a él lo envían a cuidar a un defensor de los derechos humanos en Sinaloa, a él lo asesinan allá”.

Ni la Federación ni los Estados midieron el problema del gasto que les iba a originar la protección de periodistas en el país. “Cuando yo ingresé éramos 20 y cuando me retiran los escoltas, ya éramos 40 personas (...). No le midieron, fue una simple simulación”, consideró.

Los botones de pánico que les asignaron son teléfonos celulares de la compañía Telcel, y los números telefónicos ya habían sido asignados a otros usuarios, por lo que es frecuente recibir llamadas de empresas cobrando algún adeudo del anterior dueño, “me llamaban para ofrecerme una tarjeta de crédito”.

Recientemente se le pidió regresar el aparato, para lo que se le pidió enviarlo por correo o paquetería de paga, ante lo limitado de los recursos.

Mencionó que hay otro caso en Veracruz, que se ha ventilado en los medios, en donde un defensor de los derechos humanos es resguardado por policías estatales, y la patrulla que está fuera de su casa, apoyando en su vigilancia, tiene las llantas ponchadas, “y le mandan a los policías rasos como castigo”, concluyó.

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