Propuesta de Ley Orgánica UV debilita contrapesos y fiscalización de presupuesto

Propuesta de Ley Orgánica UV debilita contrapesos y fiscalización de presupuesto

 

 

 

Junta de Gobierno criticó las propuestas del anteproyecto de Ley Orgánica.

Rafael Meléndez Terán

Xalapa

Las propuestas que presenta el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (ALOUV) en su conjunto, implican el debilitamiento institucional de la Junta de Gobierno, disminuye sus capacidades como órgano de deliberación y toma de decisiones, la coloca en situación de dependencia de la figura del rector y con ello pone en peligro la independencia, objetividad e imparcialidad con la que debe conducirse este órgano colegiado.

Afecta además al sistema de pesos y contrapesos institucionales que debe observarse en cualquier estado constitucional democrático de Derecho, pues implica la concentración del poder en la figura del ejecutivo universitario, sentenció la Junta en un comunicado.

En un documento emitido ayer, la Junta de Gobierno reitera lo dicho en el pasado 7 de agosto en relación con la trascendental importancia que tiene la Ley Orgánica para la vida institucional de la UV y de su comunidad; así como la necesidad de mecanismos de participación que coadyuven con la reflexión responsable, amplia e informada de su comunidad y que garanticen a la vez que dicha participación será tomada en cuenta para detectar las necesidades normativas actuales al interior de la institución; así como los mejores diseños normativos e institucionales y las mejores prácticas en las IES públicas del país y del mundo.

Tales reiteraciones de la Junta tienen como referencia al Código de Ética de la Universidad Veracruzana y se realizan con el propósito de que la UV cuente con una Ley Orgánica a la altura de los tiempos y de la comunidad universitaria que la ha de encarnar.

Por ello, “la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, en cumplimiento del acuerdo adoptado en su tercera sesión ordinaria del año, celebrada los días 20 y 21 de agosto, hace públicos el fundamento, las razones y los argumentos que sustentan la posición de este órgano colegiado en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, misma que dio a conocer mediante su comunicado del día 7 de agosto. Elementos que en su mayoría, se enviaron a la rectora, Sara Ladrón de Guevara, mediante oficio JG/68/2018 y quien los remitió a la Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica del Consejo Universitario General, según informó a esta Junta de Gobierno a través del oficio REC/285-18 con fecha del 7 de agosto”.

Estima que el anteproyecto de Ley Orgánica debe ser mejorado de manera significativa en diversos aspectos. Sin embargo, este órgano colegiado habrá de expresarse solo en relación con dos temas que le resultan especialmente sensibles: el mecanismo de control y vigilancia del presupuesto y patrimonio universitarios; así como el sistema de pesos y contrapesos institucionales.

Inquieta que no se precisen la integración, atribuciones y régimen jurídico de la Contraloría General de Cuentas; temas que quedan sujetos a su desarrollo posterior en el Estatuto General y reglamento respectivo, lo que inicialmente no constituye un error de técnica legislativa al tratarse, según se intuye, de una ley marco, a condición de que se fijen garantías mínimas para una correcta regulación posterior.

“Llama la atención que se ignoren las normas nacionales y locales donde se estatuye que los integrantes de órganos internos de control deben nombrarse a partir de un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Otorgar la atribución al Rector de presentar a quienes serán designados por el CUG como miembros de la Contraloría General de Cuentas implica, implica dar un poder discrecional sin garantías mínimas como podrían ser, por ejemplo, el de una convocatoria pública o el deber corresponder a los mejores perfiles deseables”, se lee.

Un tercer aspecto que preocupa a la Junta de Gobierno es que la vigilancia y control del presupuesto y patrimonio se confiere a un órgano cuya composición integra a un número significativo de servidores públicos que son responsables de su manejo y administración.

El diseño institucional de la UV en relación con su Contraloría General es igual al de la Universidad de Aguascalientes y análogo al de la UNAM, en el que el Contralor depende del Patronato (autoridad independiente de la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario y del rector), descansa en la capital importancia que tiene la independencia y autonomía de los órganos internos de control en torno a la administración universitaria.

La conformación actual del CUG de la UV no garantiza que sus decisiones sean independientes del rector, ya que buena parte de sus miembros están sujetos a la designación y remoción por parte de éste.

Un sexto cambio es la eliminación de las atribuciones de la Junta de Gobierno de proponer ternas al CUG para la designación de sus miembros y de designar a integrantes en los casos de muerte, incapacidad, renuncia o por dejar de cumplir alguno de los requisitos de ley uno de sus miembros, que se transfieren al rector, quien deberá enviar, en cualquiera de estas dos hipótesis, ternas para la designación por parte del CUG. Esto implica, por un lado, que se niega la posibilidad de que la comunidad universitaria participe en la integración de las ternas que la Junta presenta al CUG y por otro, que su conformación dependerá de la voluntad del rector; obstruyendo con ello la independencia e imparcialidad de este órgano colegiado.

Por último, el ALOUV quita la facultad a la Junta de Gobierno de resolver sobre la renuncia del rector y restringe la libertad de ésta para hacer comparecer a integrantes de la comunidad universitaria, ante cualquier tema que fuese de interés para el órgano colegiado.

En consideración de todo lo anterior, esta Junta de Gobierno reitera la trascendental importancia que tiene la Ley Orgánica para la vida institucional de la UV y de su comunidad; así como de la necesidad de mecanismos de participación que coadyuven con la reflexión responsable, amplia e informada de su comunidad y que garanticen, a la vez que dicha participación será tomada en cuenta para detectar las necesidades normativas actuales al interior de la institución; así como los mejores diseños normativos e institucionales y las mejores prácticas en las IES públicas del país y del mundo.

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