Saldrían exfuncionarios duartistas de Pacho Viejo, con cambios políticos

Saldrían exfuncionarios duartistas de Pacho Viejo, con cambios políticos

 

 

 

Salvo Arturo “N” y un subalterno, el resto de exservidores llevarían procesos fuera de la cárcel: Ordoñez.

Rafael Meléndez Terán

Xalapa

Salvo dos casos, específicamente el del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo “N” y uno de sus subalternos, el resto de exfuncionarios duartistas que se encuentran recluidos en el penal de Pacho Viejo podrían seguir sus procesos fuera de las rejas, una vez que se despresurice este ámbito político de “escarnio y un linchamiento público que hizo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares”.

Pero no solo eso, sino que podrían estar en condiciones de exigir un resarcimiento por haber sido encarcelados, tomando en cuenta que, en la mayoría de los casos, los delitos por los que se encuentran encerrados se encuentran clasificados como menores, sostuvo el abogado Fidel Guillermo Ordóñez Solana.

En entrevista vía telefónica, recordó que salir de la cárcel no significa que sean exonerados, sino que simple y llanamente, en el ámbito jurídico, la ley les concede esta oportunidad, pero se les ha negado.

Dijo que “lo importante que debemos saber es que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares usó el derecho para hacer justicia, y teniendo una naturaleza política violó los derechos, de algunos, no de todos, los que están detenidos que fueron funcionarios de Duarte y tienen libertad bajo de fianza, siempre han tenido ese derecho.

“El punto sustancial que vemos como un factor común es que los mismos delitos por los que está acusado Flavino “N” le permitieron estar libre bajo de fianza, pero a los otros no, eso significa una aplicación desequilibrada de la ley de la Fiscalía General del Estado (FGE), y, obviamente, del Poder Judicial del Estado (PJE)”, acusó.

“Todos ellos tienen derecho a estar en libertad bajo de fianza y solamente uno o dos no deberían tener”, expresó de manera contundente.

En cuanto al caso del exjefe policiaco de Veracruz, explicó que es uno de los más complicados, porque aquí agregaron un delito que, a su parecer jurídico, no existe, sin embargo, el factor común es que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que en delitos que no son graves, como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, alcanzan fianza, lo que daría mayor oportunidad de liberación de los otros exservidores públicos.

En referencia a los jueces que han tenido intervención en el encarcelamiento de estos exfuncionarios, señalados como afines al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), y por ende del mandatario veracruzano, dijo que después de este proceso electoral seguramente habrá cambios.

“Representa un golpe de timón a la política total en el país, porque si bien es cierto que tuvieron fiscales a modo, también hubo jueces a modo, presidente del TSJ a modo, de tal manera que esto tiene que modificarse para que vaya rescatándose la legalidad”, asentó.

Anotó que por todos es conocida la falta de respeto a la autonomía y la carencia de una división de poderes en el estado de Veracruz, es decir, se observó siempre a un fiscal (Jorge Winckler) y a un Edel Álvarez Peña solícitos a las órdenes de un gobernador, acotó

Expresó también que además de la liberación de algunos, también podría darse la aceleración de sentencias ejecutorias, como sucedería con el exgobernador interino Flavino “N”, “cuya acusación fue una verdadera infamia y sin menos sustento y con más dolo en afectar la imagen y de la persona, fue insultante”.

Ordoñez Solana agregó que los exfuncionarios tendrían la facultad de exigir una acción reparadora que tiene tres vertientes: la primera de naturaleza de su libertad y que tiene sanción establecida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber sido detenidos políticos.

La segunda, de naturaleza penal en contra de las autoridades que sabiendo que es ilegal su actuar, lo hicieron y por último una responsabilidad civil objetiva del Gobierno del Estado –no de Miguel Ángel Yunes– que obligaría a resarcirles el daño que cometieron a sus personas.

Para finalizar, señaló que las puestas en libertad y los cambios de titulares de las ciudades judiciales se darían después de los procesos de entrega recepción de la administración estatal, así como del acomodo de la agenda pública.

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