Sin motivo

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Policías municipales de Altotonga balearon a ciudadano: CEDH

FGE obstaculizó investigación del organismo por “secrecía”.

Rafael Meléndez Terán

Xalapa

La versión pública de la recomendación 18/2018, emitida el mes de julio por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), evidenció que elementos policiacos del municipio de Altotonga hirieron con un arma a un sujeto de identidad reservada sin ningún motivo, pero además que la Fiscalía General del Estado (FGE) obstaculizó la investigación realizada por el organismo autónomo para acreditar las violaciones a los derechos humanos del quejoso, al que le fue lesionada su integridad personal, tras ser detenido ilegalmente y, encima de ello, tomarle una muestra de sangre sin su previo consentimiento.

Tras un procedimiento de pesquisas a lo largo de 12 meses, la CEDH determinó emitir una recomendación el pasado mes de abril, aunque pública el mes de julio, en contra del Ayuntamiento de Altotonga, pero también en contra de la FGE por la obstrucción.

De acuerdo con la relatoría del ciudadano, que se encuentra en el expediente CEDH/2VG/DOQ/0436/2017, los hechos ocurrieron el mes de marzo de 2017, cuando el quejoso conducía un vehículo a medianoche frente al palacio municipal de esa localidad; éste llevaba la música de su auto alta, así como los vidrios de éste arriba, por lo cual no pudo percatarse de que los uniformados locales le pidieron que detuviera la unidad.

Segundos más tarde, “escuché que hicieron disparos e inmediatamente sentí que me dolía la espalda a la altura del omóplato derecho, pues una de esas balas me había alcanzado y herido [...], decidí pararme por temor a que siguieran disparándome y me llegaran a matar, esto fue sobre la calle [...]; pues era evidente que no querían detener la trayectoria de mi vehículo, sino que querían privarme de la vida, al llegar éstos me dijeron que bajara del vehículo, por lo que sin ninguna resistencia lo hice con la finalidad de que no me ejecutaran”, se lee en el documento.

En el expediente también se puede evidenciar que los policías mintieron e incurrieron en contradicciones, dado que por una parte señalaron que el sujeto conducía de manera temeraria, pero además había hecho detonaciones hacia el Palacio municipal, lo que no fue de ninguna manera comprobado, a la par que no se acreditó que portara un arma.

Los elementos aprehensores manifestaron que el conductor les había “aventado” el vehículo, lo que tampoco se pudo acreditar.

Siguiendo con la narración, el quejoso manifiesta que detuvo su marcha y fue cuando los policías cesaron por fin las detonaciones.

Pero el caso se agravó cuando fue enviado a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial con sede en Jalacingo, dependiente de la FGE, donde se le violentó el derecho a la intimidad personal al tomarle una muestra de sangre sin su previo consentimiento.

Tampoco se pudo acreditar que se encontraba en estado de ebriedad, lo que pretendían aducir los policías y por lo cual se le hicieron los análisis sanguíneos, sin que el individuo gozara de apoyo legal, “se me indujo, por miedo”, describió.

Por su parte, la emisión de la recomendación en contra de Fiscalía General del Estado, explica el documento, radica en que el Organismo solicitó su colaboración para tener acceso a la carpeta de investigación radicada en la Fiscalía Especializada con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba que permitieran perfeccionar la documentación e investigación de las violaciones a derechos humanos.

No obstante, mediante oficio de fecha 9 de marzo de 2018, el fiscal visitador encargado de la Atención a Quejas de Derechos Humanos, remitió el oficio signado por Fiscal Décimo Especializado en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con el cual informó que no era procedente poner a la vista de este Organismo la Carpeta de Investigación iniciada en esa Fiscalía con motivo de la remisión de la indagatoria, para no quebrantar la secrecía.

Después, el 6 de abril de 2018, personal actuante de este Organismo se comunicó con personal de la Coordinación de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a quien se le explicó la relevancia de acceder al contenido de la carpeta de investigación, pero nuevamente se obtuvo respuesta negativa.

Finalmente, la CEDH recomendó al Ayuntamiento otorgar una compensación, que es una medida indemnizatoria y tiene la finalidad de reparar los perjuicios materialmente cuantificables.

Los actores “recomendados” deben iniciar un procedimiento administrativo a efecto de establecer de manera individualizada la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos demostradas en este caso y se debe garantizar la no repetición.

En lo sucesivo la Fiscalía General del Estado deberá evitar la obstaculización de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que realiza esta Comisión.

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