Ciudad de México. El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, dejó a sus abogados las últimas instrucciones para continuar con la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por las probables violaciones a sus derechos humanos en la cárcel de la Policía Nacional, en aquel país en donde permaneció 110 días. Lo anterior, antes de ser extraditado hoy jueves de Panamá a México.
"Él me expresó, antes de subir al avión, que sentía alivio de ponerse en manos de las autoridades mexicanas, por las torturas psicológicas que sufrió por parte de la policía de Panamá, con tratos 'gorilescos'. Entonces lo que nos ha pedido es continuar con las acciones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por las violaciones a sus derechos, constatadas por la Defensoría del Pueblo de Panamá", indicó su abogado, Arturo González Baso.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante informó que Borge Angulo abordó el avión hacia México, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con la certeza de que sólo podrá ser juzgado por los cuatro delitos que se le imputan, sin que se puedan agregar causas penales nuevas, ni siquiera en el fuero común, debido al Principio de Especialidad del Tratado de Extradición vigente, entre ambas naciones.
"Él siente la seguridad de que se llevará todo conforme al debido proceso, que de acuerdo con el Tratado de Extradición establece que una vez concedida ésta, por los delitos que se le hayan imputado, no se le pueden agregar otras causas penales diferentes, a menos que, una vez en México, incurriera en otro ilícito o saliera del país sin autorización expresa.
"Por eso es que él dio la instrucción de que no continuáramos con las acciones para evitar su extradición. Él temía que al ser un personaje de la política, las baja pasiones y los rencores políticos trajeran consigo una cascada de acusaciones adicionales, una vez que estuviera en México, pero con la seguridad de que sólo se le juzgará por cuatro delitos, aceptó ser llevado a su país", detalló.
Los delitos que se imputan al ex mandatario, son Operaciones con Dinero de Procedencia Ilícita, en el fuero federal; Peculado, Desempeño Irregular de la Función Pública y Aprovechamiento Ilícito del Poder.
A pregunta expresa, respondió que tampoco en el ámbito del fuero común podrán anexarle otras acusaciones, con base en el mismo Tratado y al haber presuntamente garantizado ante juzgados quintanarroenses la fianza por 85 millones de pesos que se le impuso como parte del amparo que promovió para evitar la acción de la justicia local.
El dato contrasta con la información aportada por la Fiscalía del estado, que la noche del martes pasado, indicó que la institución no estaba impedida para sumarle acusaciones y que los 85 millones de pesos no se habían depositado.
Fuente: El universal
