Agencias. Ciudad de México. El reto más grande en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es consolidarlo porque los mexicanos merecen un modelo penal que garantice acceso y procuración de justicia expedita y eficiente, enfatizó la procuradora General de la República, Arely Gómez.
Al encabezar la Segunda Sesión Ordinaria 2016 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste-Noroeste, en San Pedro Garza García, Nuevo León, la titular de la PGR hizo un llamado a los procuradores y fiscales a cumplir con las figuras jurídicas como la presunción de inocencia, la reparación del daño de las víctimas u ofendidos, así como la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Mencionó que uno de los puntos a fortalecer son las capacidades de análisis e investigación, para lo cual se requiere no sólo de información estratégica, sino también de una estrecha colaboración con los agentes del Ministerio Público.
“Uno de los desafíos es encontrar el balance entre ofrecer opciones para que el adolescente en conflicto con la ley penal asuma su responsabilidad ante la comisión de un delito, y brindarle oportunidades para que desarrolle capacidades positivas y pueda convertirse en un activo valioso de la sociedad”, señaló.
Acompañada por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, la procuradora Arely Gómez mencionó que es indispensable que dedicar esfuerzos al seguimiento y evaluación de la instrumentación del Sistema Adversarial.
“Sin menoscabar la disposición y el empeño que demostraron en el proceso de la transición del sistema mixto al acusatorio; ahora, nos corresponde redoblar los trabajos para responder a las demandas de la sociedad”, enfatizó.
Indicó que el cambio hacia un nuevo sistema de justicia era impostergable ya que era necesario asegurar una procuración e impartición de justicia eficaz y expedita, con pleno respeto a los derechos humanos.
En ese sentido agregó que al perfeccionar los esquemas de colaboración entre todos los involucrados, “favorecemos tanto la elaboración como el desarrollo de las mejores estrategias y políticas públicas en materia de procuración de justicia que el país requiere”.
Fuente: El Universal
