Los abogados de la presidenta brasileña Dilma Rousseff pidieron a la Corte Suprema que anule el proceso de juicio político contra la mandataria, un día antes de que sea votado en el Senado.
De acuerdo con el Abogado General, José Eduardo Cardozo, hubo irregularidades en el desarrollo de los procedimientos dentro de la Cámara, presidida entonces por Eduardo Cunha.
Las posibilidades de la presidenta de sobrevivir al juicio político en el Legislativo son escasas, pero el desenlace final del impeachment será dictado por el Tribunal Supremo, según internacionalistas.
“Avanzamos hacia una judicialización del proceso”, explicó la jurista Eloísa Machado de Almeida, de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y especialista en Derecho Constitucional.
Ni siquiera la revocación anoche de la anulación del proceso, decretada por el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, el mismo que horas antes había intentado frenar el “impeachment” con su polémica decisión, logrará frenar un recurso de Rousseff a la máxima instancia judicial del país.
“El país está polarizado y en ese marco la última trinchera será el Supremo”, agregó el profesor de Derecho Luiz Flavio Gomes.
El Supremo está llamado pues a desenredar un proceso que mantiene en vilo a Brasil desde hace semanas y que ha agravado una crisis política profundamente afectada por la recesión y los escándalos de corrupción.
La mandataria no está acusada de haber lucrado personalmente ni de beneficiarse de la corrupción, sino de usar créditos de bancos públicos sin el aval del Legislativo para encuadrar las cuentas de 2014 y 2015, algo punible en la Constitución como un “crimen de responsabilidad”.
El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, lleva semanas negociando cargos para su eventual gobierno, que podría asumir esta semana la presidencia. Sin embargo, algunos analistas advierten que, si bien en el Senado Rousseff tiene la batalla perdida, quien tendrá la última palabra será el Supremo, por lo que la decisión final puede postergarse.
De acuerdo con internacionalistas, es “poco probable, aunque posible” que el Supremo –compuesto por 11 jueces, nueve de ellos nombrados por Rousseff o por su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva- anule el juicio político.
Ello porque ya recibió el aval de más de dos tercios de la Cámara de Diputados (367 votos a favor contra 137) y se apresta a obtener el respaldo de la cámara alta, donde unos 50 senadores de un total de 81 ya dijeron que votarán a favor de abrir el proceso.
