A dos años

A dos años

 

 

Empresas siguen reclamando pago a Gobierno

No se ha logrado saldar los pasivos que heredó Javier Duarte.

 

ISABEL ORTEGA/AVC

XALAPA

 

A dos años de que se publicó un primer decreto en el que se reconocía una deuda con proveedores y prestadores de servicios del Gobierno de Javier Duarte, no se ha logrado saldar los pasivos, y cada vez es mayor el malestar de los empresarios, muchos de ellos en banca rota, quienes han perdido su patrimonio por el incumplimiento de pago de las últimas dos administraciones.

 

Durante la campaña y cuando el hoy gobernador Miguel Ángel Yunes ya había recibido su constancia de mayoría, se comprometió a crear una plataforma en internet, para validar los pasivos que le fueron heredados por Javier Duarte de Ochoa, y empezar a pagar a quienes dieron crédito al Gobierno.

 

El 21 de julio del 2016, hace casi dos años, se publicó en la gaceta oficial el listado de deudas que se iban a pagar con tres fideicomisos que se crearon, con el aval de la LXIII Legislatura, y que recibirían el impuesto del 3% a la nómina.

 

La Sefiplan, a cargo de Antonio Gómez Pelegrín, reconocía deudas por mil 45 millones de pesos a terceros interesados, 4 mil 672 a contratistas, y 5 mil 321 a proveedores, lo que hacían un total de 11 mil 38 millones de pesos.

 

El entonces gobernador electo puso en duda el monto que se debía pagar y acusó que “empresas fantasmas”, o de familiares de algunos funcionarios, entre ellos Arturo Bermúdez, estaba en la lista de acreedores del Estado.

 

Por lo anterior, planteó el “validar” la deuda de los verdaderos empresarios, para lo que ofreció crear una plataforma digital que permitiera el registro de las facturas, que tenían que ir acompañadas de comprobantes de obras o acciones de Gobierno.

 

El 20 de julio del 2017, ocho meses después de que rindió protesta de ley, Gerardo Libreros Cobos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Xalapa, pidió a Yunes Linares cumplir con el compromiso de validar los pasivos con empresarios de la entidad.

 

Dos meses después, el 27 de septiembre, el mandatario estatal publicó un decreto gubernamental en el que establecía las reglas para garantizar el pago a quienes en otro momento fueron proveedores de la administración de Javier Duarte, pero insistió en la necesidad de depurar la lista.

 

En las consideraciones estableció: “Que es deber del Gobierno del Estado hacer frente a los reclamos de los legítimos proveedores que desde el primero de diciembre pasado presentaron requerimiento de pago a los incumplimientos de la administración anterior”.

 

El trámite que estableció obligaba a los acreedores a acceder al sitio Web identificado como www.veracruz.gob.mx/acreedores, en donde tenían que adjuntar la información y documentación expresamente ahí señalada.

 

La Secretaría de Finanzas y Planeación debía analizar la información y/o documentación recibida, y en caso de ser necesario podía requerir la documentación original y/o adicional que resulte necesaria. De igual forma, la Secretaría de Finanzas y Planeación podrá solicitar la comparecencia personal del requirente para efectos de mayor información.

 

 

PROVEEDORES EN BANCA ROTA; PIERDEN SU PATRIMONIO

 

Una vez efectuada la correspondiente revisión, la Secretaría de Finanzas y Planeación publicaría en su portal electrónico el resultado de las diligencias realizadas, comunicando adicionalmente esto de manera individual al interesado.

 

“Una vez determinado lo anterior, las Dependencias y Entidades en unión de la Secretaría de Finanzas y Planeación procederían a determinar la oportunidad del pago respectivo en el orden y forma que permitan las limitantes de la situación financiera del Estado”, establecía el artículo 7.

 

Finalmente el Gobernador condicionó el pago, y amagó con denunciar a quien presentará información apócrifa para cobrar adeudos inexistentes.

 

El pasado 22 de febrero, anunció en conferencia de prensa que se iniciaría con el pago a los proveedores y acotó que el monto a pagar era solo de 4 mil millones de pesos, la tercera parte de lo que se exigía al inicio de su gestión.

 

“Era evidente que muchos de los que estaban tratando de cobrarle al Gobierno no tenían ningún derecho de hacerlo. En automático, tras una depuración exhaustiva, este número enorme de dizque acreedores del gobierno bajó, y hoy lo que tenemos acreditado es una cifra mucho menor, no llega a  4 mil millones de pesos; se está definiendo un procedimiento para empezar a pagar”, expresó ante reporteros de la Fuente.

 

Los recursos no se cubrirán de “un solo golpe”, pues habrá una calendarización de pagos que incluye a más de 500 contratistas de obra y proveedores de insumos y servicios, entre otros.

 

Este lunes un grupo de empresarios denunció el pago a “amigos” del Gobierno y se plantó en palacio para exigir una audiencia con el mandatorio que se negó a recibirlos, y una vez que cayó la noche ordenó el desalojo de los encargados de generar empleos en la entidad.

Comentarios