SSP instruía abuso sexual y desaparición de mujeres sospechosas 

 

SSP instruía abuso sexual y desaparición de mujeres sospechosas 

 

Juan David Castilla. Xalapa, Ver. Cecilia de la Cruz Luján fue una de las menores violentadas sexualmente por policías de las Fuerzas Especiales y de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. 

 

La joven de 17 años fue secuestrada el 13 de junio de 2013, junto con su novio Héctor Campos Cornelio, de 16 años, en la carretera Banderilla-Jilotepec, cerca de una gasolinera. 

 

Ambos fueron llevados a una unidad habitacional conocida como "casas Homex", cerca de la colonia Sumidero, en Xalapa. 

 

Se trata de uno de los cinco lugares donde los policías llevaban a sus víctimas para interrogarlas, torturarlas y abusar de ellas sexualmente. 

 

Los oficiales también contaban con una casa abandonada entre cañales de la localidad Pacho Viejo, municipio de Coatepec. 

 

Utilizaban como interrogatorio el parque "La Herradura", cuyo acceso se encuentra en la avenida Murillo Vidal; el predio "El Gallito", en la desviación hacia el municipio de Jilotepec; y un camino que conduce a Cinco Palos, rumbo a Coapexpan. 

 

Cecilia y su pareja fueron sometidos a tortura. Ella fue obligada a desnudarse y hacer sentadillas, para descartar que estuviese ocultando drogas. 

 

Posteriormente, fue ultrajada por todos los elementos de la Policía Estatal que habían contribuido a su secuestro. 

 

TOQUES ELÉCTRICOS A EMBARAZADA 

 

Los servidores públicos recibían órdenes de sus "superiores" para violar, asesinar y desaparecer a hombres y mujeres sospechosos por su posible relación con grupos de la delincuencia organizada. 

 

Lo anterior fue revelado en la audiencia de vinculación a proceso contra 16 policías en activo y tres exmandos policiales: Arturo Bermúdez Zurita, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Readaptación; y Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil. 

 

Los datos de prueba de la causa penal 22/2018 exhiben que los elementos de la Fuerza de Reacción de la SSP recibieron instrucciones de altos mandos, mediante la clave 016. 

 

En la sala 3 de juicios orales, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que entre las 15 víctimas de desaparición forzada en 2013, se encontraban dos mujeres: ambas de 17 años. 

 

Los abusos fueron cometidos también a mujeres embarazadas. Una de ellas estaba a solo dos meses de dar a luz. 

 

Se trata de la pareja del policía José Ulises Martínez Fernández, quien desapareció el 30 de abril de 2013. 

 

Ella fue localizada dos días después de dicho acontecimiento, mediante el teléfono celular del desaparecido. 

 

La citaban en una tienda "OXXO" de la avenida 20 de Noviembre, en la capital del estado.

 

Testigos protegidos refieren que la mujer fue intervenida por policías estatales. La llevaron a unos cañales, donde la sometieron con toques eléctricos y, posteriormente, abusaron de ella.

 

ZONAS DE LEVANTONES 

 

El comandante Galindo estuvo al frente del grupo de la Fuerza de Reacción de la División de la Policía Estatal. En poco tiempo, Manuel Alejandro Trujillo Rivera, alias “El Cyber”, lo sustituyó. 

 

De acuerdo con otro testigo protegido, dicho comando laboraba 24 horas por otras 24 de descanso en un convoy, integrado por tres unidades. Recorrían Xalapa, Naolinco, Estanzuela, Coatepec, Xico y todas las zonas aledañas a la capital del estado. 

 

Hacían revisiones en puentes, lugares altos, desviaciones y semáforos, como el de Plaza Crystal, donde frecuentemente había vigilantes o "halcones". 

 

Al menos 11 policías integraban ese grupo: Luciano Esquivel Martínez “El Lince”, Francisco Martínez Santiago “El Golpeador”; Silviano Martínez Rivera “El Escorpión”; Norberto Sánchez Benítez “La Momia”, quien era chofer de Trujillo Rivera; Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua “El Quijamón”; Alberto Neri Campos Domínguez; Daniel García Gutiérrez “El Nariz”; Domingo Santiago “El Pedorrín”; Francisco Méndez Flores “El Paco”; Cirilo Hernández Ceballos; y Darío Arroyo Elizondo.

 

"El comandante Trujillo llevaba una lista de números de taxis y de nombres de personas que supuestamente andaban halconeando o vendiendo droga, mismos que obtenía de la gente que iba deteniendo o interrogando. Cuando deteníamos a estas personas el comandante personalmente revisaba sus teléfonos". 

 

"Si se les encontraba algún mensaje que halconeaban, sí ponían sobre aviso a algún contacto de la presencia de la Marina, El Ejército, o la misma Policía Estatal, la mayor parte de las veces subían al detenido a una camioneta y los trasladamos a alguno de los puntos que teníamos para realizar los interrogatorios”, añade.

 

Cuando eran interrogados los detenidos, Neri y Domingo “El Pedorrín” les pegaban. Silvano “El Escorpión” tomaba nota de todo lo que dijeran ala víctimas. 

 

15 LEVANTONES POR MES 

 

Los sospechosos eran pateados, tableados y torturados con una chicharra eléctrica, mientras estaban esposados y una playera les cubría el rostro.

 

 "Después de que el comandante Trujillo les sacaba la información, escuchábamos que le llamaba por teléfono al subdirector de Agrupamientos Operativos, José Oscar Sánchez Tirado o al comandante Arturo Guevara Paredes y algunas veces nos decía que le pedía instrucciones directamente a Arturo Bermúdez Zurita". 

 

El mismo testigo revela que Sánchez Tirado o Guevara Paredes daban la instrucción de soltar a las víctimas o entregarlas al grupo de Los Fieles. 

 

Los sospechosos eran entregados debajo del puente de Las Trancas, localizado a la altura de la Central de Abastos; en la Academia de Policía de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata; y en un lugar conocido como "Capulín", sobre la carretera Coatepec-Las Trancas. 

 

"Cuando la instrucción era entregarlos en La Academia, se les entregaban a Los Fieles en la pista que se ocupa para entrenamiento de manejo y conducción. Pocas veces pusimos a los detenidos a disposición en el Cuartel San José, la mayoría de las veces los entregábamos a Los Fieles quienes tenían una base en la Academia de El Lencero, denominada El Bunker".

 

El protegido solo pudo identificar a tres mandos de los FIELES: Roberto González Meza, mejor conocido como "Teniente Meza"; el comandante Roberto Carlos López Flores, alias "el Oso"; y Jaime Muños Dávila "el Apache". 

 

“Yo no identifico mucho a Los Fieles porque cuando iban por los detenidos por lo regular iban encapuchados y no convivían con nosotros. Ellos tenían mejores armas, mejores patrullas, pues las suyas eran camionetas Lobo y se sabe que ellos tenían compensaciones mucho mejores que los demás". 

 

Bermúdez Zurita, el "capitán tormenta", participó en operativos especiales de revisión, sobre todo en antros y bares. Llegaba. En una camioneta Suburban y su escolta en un Charger. 

 

En promedio, 15 personas eran detenidas al mes. De ellas, cinco acababan en la Academia de Policía. 

 

"Yo recuerdo haber ido a la Academia para que se entregaran a unas cincuenta personas, hasta que estuve en el grupo. Es decir, entre 2012 y 2015. Cada grupo éramos 12 elementos. Los Fieles, La Frya y la P.E.A, en la Academia".

 

El uniforme de los Grupos de Reacción era azul. Los policías portaban camisola, pantalón, rodilleras, fornituras, piernera, chaleco, coderas, casco, pasamontañas, lentes negros, arma corta 9 milímetros PX, fusil Galil para 35 tiros recortados y el logotipo formal de la división.

 

LOS VINCULAN A PROCESO 

 

La Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, solicitó la vinculación a proceso de 19 de los 31 presuntos implicados en 15 desapariciones forzadas. 

 

La jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó auto de vinculación a proceso en su contra. 

 

Alrededor de 18 horas duró la audiencia de vinculación. Inició después de las 11 de la mañana del concluyó después de las cinco de la madrugada del miércoles, pues estaba por concluir el plazo constitucional de los señalados. 

 

El fiscal especializado en desapariciones forzadas, Eduardo Coronel Gamboa, presentó 89 medios de prueba que contribuyeron al caso. 

 

En funcionario estatal detalló que por el delito de desaparición forzada se podrían fincar responsabilidades contra los imputados de 40 a 60 años de prisión; sin embargo, por agravantes a menores la pena aumentaría a 90 años. 

 

Comentarios