Segunda Alerta para Veracruz, por incumplimiento de los tres poderes y FGE

Segunda Alerta para Veracruz, por incumplimiento de los tres poderes y FGE

 

 

 

Xalapa, Ver.- (AVC) Aunque el Poder Legislativo desatendió las recomendaciones del grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para la reforma al Código Penal en cuanto a la no penalización del aborto y la ampliación del plazo y causales para acceder a la interrupción legal del embarazo, este no fue el único poder del Estado que incumplió con su labor para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.

 

En el análisis del Grupo de trabajo de la Conavim, se establecieron las acciones que se debían tomar para evitar la emisión de la segunda alerta de género por agravio comparado, y que no cumplió el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Fiscalía General del Estado.

 

El informe detalla que el Poder Ejecutivo debía coadyuvar con el Poder Legislativo para hacer efectivas las propuestas de reforma al Código Penal, lo cual incluía la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma del Código Penal, lo que hasta ahora el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha hecho.

 

Debía coordinar los trabajos y colaborar para que en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud se implementara la Ley General de Víctimas y la NOM 046 para la adecuada atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la ILE por violación.

 

Además, elaborar un programa estatal de ILE para garantizar el acceso a la ILE sin dilación, incluso cuando la salud de la mujer gestante esté en riesgo; y generar una campaña de difusión entre la población sobre el reconocimiento de la ILE como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho, sin la necesidad de presentar denuncia ni contar con una autorización previas en los casos de violación sexual.

 

Nada de esto se cumplió al 100 por ciento, pues si bien el Gobierno del Estado señaló que se trabajó en la elaboración del Programa Estatal del ILE no se dio a conocer su diseño.

 

En el caso de la Secretaría de Salud de Veracruz y a los Servicios de Salud de Veracruz, la Conavim demandó garantizar que en todas las regiones del estado se contaran con centros de salud en los que se otorguen los servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para la ILE, y que en caso de no contar con los mismos, se asegurara la canalización a aquellos en los que se presta el servicio.

 

La Secretaría de Salud debía garantizar que se cuente con personal de salud no objetor de conciencia, capacitado en los métodos de interrupción legal del embarazo, tanto médicos como quirúrgicos y que el personal de salud salvaguarde el secreto profesional en el sentido de proteger el derecho a la salud y a la privacidad de las mujeres que acuden a que se les brinde este servicio y así evitar su criminalización.

 

Pero además debía registrar los abortos médicos llevados a cabo por tipo de causal legal. Identificar qué porcentaje de centros de salud no brindan el servicio de ILE y elaborar una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que incluya la reasignación de recursos humanos, materiales necesarios, para brindar los servicios.

 

“En los centros de salud detectados que no brinden el servicio de ILE, brindar capacitación para que brinden información clara y apoyo integral para canalizar a la mujer para recibir el servicio”.

 

En el caso de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, incumplió con el registro del sexo de las personas acusadas o en prisión por el delito de aborto y por homicidio en razón de parentesco.

 

Y el registro del delito de homicidio en razón de parentesco cuando se trata de un producto nacido y es menor a 72 horas de vida.

 

La Conavim conminó a la Fiscalía capacitar al personal de procuración de justicia para la canalización integral de las víctimas de violación sexual a los servicios de salud e inclusión a la carpeta de investigación correspondiente.

 

Por cuanto hace al Poder Judicial, la Conavim demandó garantizar la reparación integral del daño para las víctimas de violaciones a derechos humanos por la falta de acceso al aborto legal, de conformidad con los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

 

“Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los expedientes y carpetas de investigación iniciadas por los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco, adoptando una perspectiva de género y bajo los más amplios estándares internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres”.

 

Para ello, este Poder a cargo del magistrado presidente Edel Humberto Álvarez Peña debió capacitar al personal de impartición de justicia para juzgar con perspectiva de género; generar un registro de las sentencias en el tema, hacer un diagnóstico de casos revisados, con perspectiva de género, por aborto y homicidio en razón de parentesco.

 

A esto se le suma la omisión de los diputados locales que fueron instruidos por la Conavim a realizar la modificación del artículo 149 del Código Penal para establecer como delito de aborto el que se comete después de la décima segunda semana de gestación.

 

Además, reformar el Código Penal para establecer que el delito de aborto no es privativo de la libertad y que se le aplicarán medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del Artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en un plazo no mayor a dos años.

 

Y establecer que se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando es causado por imprevisión de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el riesgo.

 

Cuando a juicio de dos médicos, exista razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada. Y cuando por causa involuntaria de la mujer embarazada, debido a factores externos y biológicos.

 

No obstante, es por la omisión de los Poderes del estado que la Conavim decidió decretar la segunda alerta por violencia de género en el estado, en este caso por agravio comparado, dado que no se cumplieron con las recomendaciones hechas al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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